A través del INVÍAS, el Gobierno nacional destina $4 billones, una inversión histórica, para mejorar la conectividad del departamento. Esta inversión se divide de la siguiente manera: $3,5 billones para obras en vías principales del departamento, $262.000 millones para vías terciarias y $279.000 millones que, a través del Conpes de la Reactivación Económica 2.0, es el único monto que está en trámites para ser contratados en este segundo semestre de 2021.
 
Los $3,5 billones para obras en vías principales están distribuidos en 12 contratos, dentro de los cuales 9 se desarrollan en el departamento de Santander: la construcción de la variante de San Gil, en plena ejecución en este momento y cuyo fin es evitar el paso urbano de la troncal Central; Los Curos-Málaga, cuya intervención tiene como objetivo garantizar la conectividad transversal desde la troncal Central del norte hasta la troncal Central y donde se han pavimentado casi 25 km –este Gobierno ha sido el que más km ha pavimentado en este corredor vial–; la vía Yuma, donde el INVÍAS entregó 21,4 km de doble calzada y 4 intercambiadores en octubre de 2020; la intervención en la transversal del Carare (Tunja-Barbosa-Puerto Araujo); el tramo entre Puerto Araujo y San Alberto de la troncal del Magdalena Medio, donde rehabilitamos 179 km, mejoramos 7 km, entregamos 6,2 km de doble calzada y prestamos Gestión Vial Integral (que nos permite poner a disposición de los usuarios los servicios de ambulancia, grúa y carro taller); la troncal Central del Norte (Duitama-Pamplona), donde aún nos queda por terminar la pavimentación de cerca de 20 km en el páramo del Almorzadero y garantizar la rehabilitación del resto del corredor vial; la zona metropolitana de Bucaramanga, donde de la mano de la alcaldía, de la gobernación e Idesan ya tenemos en primera etapa de licitación la doble calzada desde La Virgen hacia La Cemento y la rehabilitación desde Palenque a Café Madrid; la troncal Central, donde desarrollamos obras de emergencia como muros de contención, ampliaciones de sección, estabilizaciones y mejoramiento del pavimento, entre otros; el corredor Duitama-Charalá-San Gil, donde estamos en etapa de preconstrucción para la pavimentación desde Duitama hasta San Gil, que será la vía alterna más rápida entre el centro del país y Bucaramanga. Por otra parte, estamos desarrollando 3 proyectos que, si bien no se llevan a cabo en el departamento, impactan directamente en su conectividad: la Ruta de los comuneros (Zipaquirá-Chiquinquirá); la Ruta libertadora (Belén-Socha-Sácama-La Cabuya-Paz de Ariporo), la conexión natural y directa entre la región de García Rovira con el departamento del Casanare y, con ello, con los Llanos Orientales; la Vía de La Soberanía (La Lejía-Saravena), que permite la conectividad entre Bucaramanga y el departamento de Arauca.
Ahora, las vías principales generan equidad solo si logramos la conectividad de nuestro campo con ellas. Por eso es de destacar que este Gobierno invierte $262.000 millones en vías terciarias de Santander, una cifra que asume mayor peso si pensamos que en gobiernos anteriores se invertían anualmente $100.000 millones en las vías terciarias de todo el país. Hoy este Gobierno lleva a cabo 113 proyectos de vías rurales para atender corredores productivos y puntos críticos en el departamento. A través de programas como Colombia Rural, OCAD Paz, Isagen y Contratos Plan, en 83 de los 86 municipios de Santander hay proyectos que se traducen a 484 km intervenidos y 5.309 empleos generados.
 
Como mencionaba al principio, nos faltan por contratar $279.000 millones a través del Conpes de Reactivación Económica 2.0. Esta contratación inicia en noviembre, tiene como fin la intervención en los corredores Zapatoca-Galán-Barichara y San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga y 11 vías rurales y regionales.
 
Con todos estos proyectos estamos ejecutando la infraestructura que el departamento de Santander necesita. Algunas de estas obras no serán terminadas en este periodo de gobierno, pero quedarán contratadas, financiadas y su ejecución no dependerá de intereses políticos, pues al finalizar nuestra administración los contratos estarán adjudicados, en plena marcha y con reservas presupuestales aseguradas. Estas iniciativas saldan así una deuda histórica con el departamento y con el país, donde el principio de que las obras pertenecen a sus ciudadanos y no a los gobiernos es la base para asegurar que la equidad esté de manera efectiva al alcance de todos.